YPF aliviada por acuerdo en el caso Maxus
El presidente de la empresa argentina YPF, Pablo González, aseguró que el acuerdo por el caso Maxus que se desarrolla en los Estados Unidos “es un gran alivio” y permite tener un 'panorama mucho más claro' para potenciar el crecimiento de inversión y producción que viene realizando la compañía, en particular en sus operaciones no convencionales de Vaca Muerta.
Por Redacción El Agrario | 08-04-2023 08:39hs
Pablo González se refirió al acuerdo anunciado anoche desde Nueva York para cerrar la demanda por daño ambiental de Maxus, una petrolera estadounidense que YPF adquirió a mediados de la década del 90, sobre lo cual señaló que "es un gran alivio y si bien todas las partes firmaron el acuerdo, incluida la agencia americana de ambiente y el fideicomiso demandante, falta la homologación del juez".
El acuerdo determina que el Fideicomiso de Liquidación de Maxus desistirá de las reclamaciones que ha presentado contra YPF y Repsol en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, así como a todas las reclamaciones actuales y futuras que puedan tener contra ambas compañías.
A cambio de esto, YPF y Repsol se comprometieron a pagar al Fideicomiso un monto de 287 millones y medio de dólares cada uno, lo que hace una cifra total de US$ 575 millones, por lo que el monto que deberá abonar la petrolera nacional equivale sólo al 2% de la cifra original de la demanda.
"Es un acuerdo que despeja muchísimo el horizonte de YPF, que le muestra un panorama mucho más claro para potenciar el crecimiento observado en los últimos dos años, en los que bajamos la deuda y aumentamos la producción" de gas y petróleo, dijo el directivo en declaraciones al Destape Radio.
González señaló que "en junio del año pasado algunos medios decían que YPF iba a hacer un papelón con Maxus", pero desde entonces "una sentencia limitó bastante la responsabilidad de YPF al descartar la conducta fraudulenta que le venía endilgando el fideicomiso en una demanda que hasta ese momento era por US$14.000 millones".
Así, se estableció que "cada parte debía hacerse responsable por la contaminación y empezó una negociación, a través de un mediador, que permitió poner de acuerdo a cinco partes" involucradas.
YPF también logró de manera favorable para la compañía el fallo de la justicia de Estados Unidos que le exime de responsabilidad en el caso de la expropiación del 51% de las acciones de la compañía, en un caso que impulsa el fondo buitre Burford, y que tiene por delante dos etapas de apelación.
Al respecto, González reiteró que, a su criterio, la expropiación de la empresa durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en 2009, "fue la mejor decisión de los últimos 50 años del país", y reivindicó haber votado a favor de la medida en aquella oportunidad cuando se desempeñaba como Senador por la provincia de Santa Cruz.
"Hoy volvería a votar la expropiación de YPF", remarcó el presidente de YPF al señalar que "se recuperó algo que no tiene valor que es Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo del mundo".
En ese sentido agregó: "El fallo de (la jueza Loretta) Preska tiene dos instancias de apelación, no está firme, pero resolvió todo usando legislación argentina donde el derecho público está por encima del derecho privado", y afirmó que "YPF ya no tiene juicios de este tipo, nos sacamos dos espadas de Damocles que teníamos. Si me lo decían hace un año me sacaban una sonrisa".
El directivo se refirió también a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que según él “viene bien y tiene fecha fijada para el 20 de junio” próximo, una obra clave ya que "hoy Vaca Muerta produce más gas del que puede transportar” a pesar de lo cual “YPF creció un 100% en un año en producción de Gas No Convencional".
"En el caso de GNL es un proyecto neto de exportación" dijo González respecto al acuerdo de YPF con la petrolera malaya Petronas para la construcción de una planta de licuefacción en Bahía Blanca, pero reiteró que "el Ministro de Economía (Sergio Massa) tiene que enviar la ley al Congreso" para dar un marco legal a ese tipo de actividad que demanda una inversión inicial de US$ 10.000 millones.