El jueves pasado se llevó adelante la tercera reunión de la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET en la que participaron científicos y científicas, diputadas nacionales, representantes de los ministerios de Salud, Agricultura, Seguridad, del Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Defensoría del Pueblo de la Nación, magistrados relacionados al tema y organizaciones de la sociedad civil –como Mamá Cultiva o CAMEDA- y de cannabicultores.

Según la modalidad de trabajo aplicada,  los integrantes se dividieron en comisiones para trabajar sobre los puntos relacionados a la investigación en materia de cannabis medicinal: la cuestión de la producción; la reglamentación de la Ley 27350; la investigación clínica; la investigación básica; el control de calidad; y de cómo comunicar sobre cannabis derribando los prejuicios instalados alrededor de la planta. Luego, realizaron un plenario general para exponer las conclusiones de lo debatido en grupos, encabezado por la investigadora del CONICET Silvia Kochen, impulsora de la RACME.

Los integrantes de la Comisión de investigación clínica, definieron tres grandes temas a trabajar.  En primer lugar, la necesidad de contar con un mínimo rotulado de los preparados y el perfil de los productos, en segundo lugar la cuestión de la seguridad de los productos –la estabilidad y la toxicología- y también el tema de la variabilidad interlaboratorio. Además, indicaron que es necesario trabajar en la farmacocinética y la famacodinámica de los productos, definir mejor las vías de administración, y qué sucede en los casos de embarazo y lactancia. Y conversaron sobre los desafíos que enfrentan a la hora de investigar sobre cannabis medicinal, la necesidad de contar con instrumentos legislativos para poder hacer ensayos doble ciego, obtener el consentimiento informado para pacientes y cómo lidiar con los comités de ética.

La comisión de investigación básica se unió a los de control de calidad y manifestaron la necesidad de solicitar una reunión con las autoridades del CONICET para que se pueda asegurar la obtención de insumos para la investigación básica, así como plantear que en los proyectos de investigación que no comprometan a seres humanos y se quite la restricción de que el Ministerio de Salud intervenga.

La comisión de sociales está ideando un documento que allanará el camino de una nueva reglamentación y que ayudará a combatir los actuales allanamientos que están siendo de público conocimiento de plantaciones de cannabis con fines medicinales. Dicha producción, dijeron, la están pensando alrededor del acceso a los productos y a mostrar la heterogeneidad de quiénes y cómo los usan; también hicieron hincapié en la necesidad de acompañamiento de dichas personas, que suelen acceder de manera solitaria a los beneficios de la planta, así como la información que se comparte entre médicos y en ateneos tampoco le llega a un público amplio.

La comisión de producción, manifestó la necesidad de determinar los diferentes modos de producción disponibles, desde los pequeños productores, privados, estatales. También señalaron las dificultades que significa la reglamentación actual de la Ley de Cannabis Medicinal, a la que definieron como “una traba concreta” con la que se topan a diario.

La comisión de reglamentación tuvo como vocera a Valeria Salech, de la ONG Mamá Cultiva.  Qué advirtió sobre la ley:  “Hay dos artículos que son los más conflictivos: uno que habla de la gratuidad, y otro que establece que el Ministerio de Seguridad es la autoridad competente: todos estamos de acuerdo que hay que cambiar ambas cuestiones”, precisó.

La conclusión final del encuentro, es que se manifiesta como algo urgente la necesidad de que cambie la reglamentación de la Ley 27350 de Cannabis Medicinal.