“Si no ganamos en primera vuelta, algo anormal sucedió en la Justicia Electoral”. La afirmación de hace dos semanas es de Jair Bolsonaro y forma parte de una vasta colección de declaraciones que apuntan a generar desconfianza en el resultado de las elecciones. El presidente brasileño también suele repetir que las encuestas de intención de voto, que lo muestran a más de 10 puntos por detrás de Lula da Silva, no son más que mentiras. De esa forma, Jair Bolsonaro prepara el terreno para seguir el guión de Donald Trump en Estados Unidos.

Inagotable en su denuncia (infundada) de fraude, Trump nunca dejó de decir que fue él quien realmente ganó las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos. Hubo una diferencia de más de 7 millones de votos populares y de 74 votos en el Colegio Electoral. Sin embargo eso no importó, ni importa, para los millones de simpatizantes y afines a Donald Trump. De acuerdo a una encuesta realizada entre el 21 y el 25 de septiembre pasados por la Universidad de Monmouth, un tercio de los estadounidenses cree que Joe Biden ganó con fraude. Ese número se eleva a 6 a cada 10 entre los votantes republicanos, de acuerdo a esta encuesta realizada sobre 806 adultos y con un margen de error de 3.5%.

Con un respaldo mayoritario entre los republicanos, la estrategia de Trump parece haber sido exitosa, al menos para él. Hoy el Partido Republicano continúa gravitando en torno su figura y aquellos que se despegaron de él han experimentado dificultades frente al electorado. El bipartidismo estadounidense, alimentado por las características del sistema electoral, termina favoreciendo al expresidente, haciendo que sus chances de regreso no sean tan remotas ante un gobierno demócrata en dificultades.

En Brasil, Jair Bolsonaro va por la misma senda. El actual presidente se acerca a una inminente derrota electoral el próximo 2 de octubre a manos del expresidente Lula da Silva que, si no es definitiva, lo más probable es que sea concretada en la segunda vuelta del día 30. Las encuestas de la última semana han constatado el estancamiento de Bolsonaro en torno a los 32 puntos de intención de voto y un crecimiento de Lula da Silva, quien todavía tiene chances de ganar en primera vuelta.

Ante esa perspectiva de derrota, el presidente brasileño viene agitando el fantasma del fraude electoral prácticamente desde que Lula recuperó sus derechos políticos, en marzo de 2021. La retórica incendiaria contra el sistema de votación de las urnas electrónicas ha tenido una dinámica de tensión y distensión, pero en la última semana el presidente volvió a la carga para no dejar dudas de que custionará el resultado. El Partido Liberal (PL), al cual está afiliado, hizo público este miércoles un informe de una auditoría privada de las urnas electrónicas, en la que cuestiona la seguridad de las mismas. La respuesta del Tribunal Superior Electoral (TSE) fue inmediata y contundente, llamando al informe de “mentiroso” y “falso”.

En Estados Unidos la apuesta de Trump redundó en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. El riesgo de una ruptura institucional fue apartado de vez, una semana después, cuando los militares estadounidenses salieron a respaldar la democracia y oponerse a los hechos en el Capitolio. Primero fue Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, el mayor rango de las Fuerzas Armadas, y luego por medio de una circular dirigida a los miembros de las fuerzas, firmada por la totalidad del Estado Mayor.

En Brasil la situación es un poco más compleja. Jair Bolsonaro es un líder fuertemente identificado con las Fuerzas Armadas, y estas prestaron un apoyo central para el ascenso al poder de aquel. Por lo menos desde el año 2017, a más de un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2018, se puede hablar de una alianza entre militares y Bolsonaro, quien desde entonces participó de varios eventos militares en calidad de diputado nacional y contó con el padrinazgo político del general Villas Boas, entonces comandante del Ejército, para apuntalar su candidatura a presidente.

Ese respaldo encabezado por el Ejército y un grupo nutrido de militares retirados tuvo lugar en un país en donde las Fuerzas Armadas retuvieron cuotas de poder significativas luego del regreso de la democracia, en 1985. Ese poder tiene aristas formales, con retención de prerrogativas y ocupación de áreas dentro del Ejecutivo. Pero también tiene un arista informal, donde las Fuerzas Armadas aparecen como un poder real dentro del sistema político, extrapolando sus atribuciones en un régimen democrático.

Ese poder ha quedado de manifiesto en los momentos de crisis institucional. Uno de los más notorios fue cuando Michel Temer se reunió con la cúpula militar antes de avanzar con el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff. Luego los militares tendrían un lugar destacado dentro de su gobierno. Fernando Henrique Cardoso narra en una de sus memorias, El presidente improbable de Brasil, la intromisión militar en el momento de crisis del presidente Itamar Franco. El propio Lula hizo gestos a las fuerzas en 2002, cuando ganó por primera vez la presidencia, y en un fuerte contraste con lo que siempre había sido su postura crítica. Incluso recientemente, con el gobierno de Bolsonaro, la clase política tardó en comenzar a cuestionar la participación de los militares en el gobierno y la clara confusión entre Fuerzas Armadas y Gobierno.

Bolsonaro llegó a tener en su gabinete más ministros militares que los que supo tener la propia dictadura militar (1964-1985). Durante su gobierno se duplicó la cantidad de militares ocupando cargos de diferente tipo en el Poder Ejecutivo, llegando a ser más de 6000. Cargos centrales, como la Casa Civil, el equivalente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, llegaron a ser ocupados por militares, y la fórmula presidencial de este año vuelve a tener a un militar como vice, al igual que en 2018.

Pero además de esa militarización del gobierno, Bolsonaro utilizó a las Fuerzas Armadas durante estos cuatro años como parte de su constante amenaza de ruptura institucional. El primero de los blancos del bolsonarismo fue el Congreso. Durante el primer año de gobierno la ausencia de una coalición legislativa que le permitiera gobernar resultó en un conflicto permanente, en donde Bolsonaro movilizó a sus seguidores -Círculo Militar incluído- a las calles para presionar al Congreso y aprobar la legislación del oficialismo. El ápice de esa estrategia fue la convocatoria frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, con la participación de Bolsonaro en medio de los carteles pidiendo el cierre del Congreso y la intervención militar.

La respuesta de las Fuerzas Armadas al toc-toc de la puerta de los cuarteles fue una nota firmada por los tres comandantes y el entonces ministro de Defensa, Fernando Acevedo Silva, en la que reafirmaron su compromiso con la constitución. Más adelante hubo otra situación similar, con nota del mismo tipo, hasta que a fines de marzo de 2021, en vísperas a un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1964, los tres comandantes y Silva dejaron sus cargos. En las respectivas cartas de renuncia dejaron asentado haber hecho todos los esfuerzos por mantener a las fuerzas en su rol institucional y dentro de la constitución.

Esa ruptura terminó de dejar en claro que el bolsonarismo está lejos de ser unanimidad dentro de las fuerzas. Sin embargo, también le dio la posibilidad a Bolsonaro de colocar en su lugar hombres más fieles. Desde entonces no ha habido más cortocircuitos entre los comandantes y el ministro de Defensa y el presidente, que tuvo rienda suelta para usar a las Fuerzas Armadas en su embestida retórica contra los otros poderes.

Desde que Lula da Silva recuperó sus derechos políticos en marzo de 2021, Bolsonaro volcó su pulsión golpista contra la Corte Suprema y la Justicia Electoral. Comenzó entonces la estrategia de sembrar dudas sobre las urnas electrónicas y amenazar con el no reconocimiento del resultado.

En ese contexto, la pregunta sobre cuál será la posición de las Fuerzas Armadas si Bolsonaro no reconoce los resultados y promueve una ruptura institucional ha se ha posado como una nube negra sobre la democracia. Sin llegar al extremo de intento de ruptura, uno de los escenarios más probables es el de disturbios, violencia política e insurrección por parte del bolsonarismo ante un resultado adverso. Ello podría requerir la intervención militar para garantizar el orden, justamente contra los seguidores del presidente.

El artículo 142 de la Constitución Nacional establece que las Fuerzas Armadas pueden ser accionadas por cualquiera de los tres poderes a los fines de preservar el orden y el cumplimiento de la ley. De ahí que puedan ser utilizadas en cuestiones de seguridad interior. El mismo artículo de la CN establece que las Fuerzas Armadas son instituciones destinadas a la defensa de la Patria y la garantía de los tres poderes constitucionales. De esto último es de donde se agarra el bolsonarismo para afirmar que una intervención militar estaría prevista en la Constitución y que las Fuerzas Armadas serían un poder moderador en los conflictos entre los poderes, interpretación esta que ha sido rechazada por la Corte Suprema.

Este viernes el diario El Estado de San Pablo publicó un artículo del periodista Felipe Frazão según el cual el Alto Comando del Ejército se habría pronunciado internamente a favor de respetar el resultado de la elección, sin cuestionamientos. De acuerdo al artículo, los militares en actividad consideran que la denuncia de fraude quedará restringida a los militares retirados y en licencia que forman parte del gobierno. Esa postura, que llega a conocimiento del público a dos días de las elecciones, habría sido definida a comienzos de agosto por el Alto Comando.

Pareciera que Jair Bolsonaro no reúne condiciones para llevar adelante un golpe de Estado. Está aislado internacionalmente, comenzando por un vínculo roto con Estados Unidos y un gobierno de Biden que ha declarado su confianza en el sistema de votación brasileño. Parte del gran capital brasileño ha retirado el respaldo al actual mandatario, algo que se ha hecho público mediante las cartas en apoyo a la democracia firmadas por numerosos e importantes empresarios. Bolsonaro es el político con más rechazo en Brasil, rondando el 50%, y la aprobación a su gobierno se mantiene apenas por encima del 30% prácticamente desde el comienzo del mismo.

Ante ese escenario, no parece el caso que Bolsonaro vaya a promover deliberadamente una ruptura. Más bien parece una permanente puesta en escena (muy peligrosa) para los seguidores más convencidos, en donde la derrota sería disfrazada de fraude. En el caso de Trump el juego parece haber funcionado, porque el magnate y expresidente sigue ocupando el centro de la oposición, y las dificultades del gobierno Biden mantienen viva la esperanza del regreso trumpista. Es posible que Bolsonaro, quien siempre se mira en el espejo de Trump, siga el mismo guión. Sin embargo Brasil no es Estados Unidos y Bolsonaro no es Trump