Las elecciones de este domingo pueden poner fin a un ciclo iniciado con la remoción de Dilma Rousseff en mayo de 2016. Un ciclo con el Partido de los Trabajadores (PT) en la oposición y gobiernos de corte conservador y promercado. Michel Temer primero, Jair Bolsonaro después. Un ciclo que se inició con aquel gabinete monocromático de 100% hombres blancos de Temer, -que contrastó con la diversidad iniciada con el PT- y continuó con el de Bolsonaro, con mujeres que niegan la desigualdad entre hombres y mujeres, negros que niegan que exista el racismo y ministros de Salud que niegan la ciencia. 

De un gobierno a otro hubo continuidades y también cambios importantes. Hubo una degradación palpable de la derecha brasileña que puede ser resumida en la imagen de ayer de la diputada oficialista Carla Zambelli empuñando un arma en plena calle de San Pablo. Pero también en el candidato bolsonarista a gobernador en Río Grande del Sur, Onyx Lorenzoni, que dijo estos días que la mejor vacuna contra el covid es contagiarse, o el de Espíritu Santo, Carlos Manato, que dijo que la pandemia fue una farsa. Sobran ejemplos.

En lo económico, la continuidad del modelo neoliberal no estuvo exenta de tensiones. Bolsonaro puso a Paulo Guedes, inicialmente vendido como un “superministro”, algo que nunca fue, como garante para el mercado de que su modelo seguiría esa línea. Pero el neoliberalismo siempre le fue ajeno a un político de tres décadas de trayectoria que siempre se limitó a la agenda de seguridad, más acá en el tiempo también a la “guerra cultural”, y que las pocas veces que habló de economía fue para defender un punto de vista nacionalista y más bien estatista. No obstante, el modelo fue el de Guedes y los encontronazos se limitaron a cuestiones como por ejemplo los ajustes de precios de los combustibles y aumento del gasto en el tramo final. 

Si hubiera que elegir un elemento que sintetice el modelo del ciclo iniciado con Temer -y sus tensiones con Bolsonaro-, ese es el llamado techo de gastos. Ni bien llegó al poder, el referente del histórico PMDB logró aprobar en el congreso la Enmienda Constitucional que congeló el presupuesto del Estado por veinte años, permitiendo tan solo una actualización anual del valor nominal según la inflación. Si a eso se le agrega el crecimiento de la población en los veinte años, entonces el congelamiento se transforma en reducción del presupuesto per cápita. Ese es el dispositivo más importante del ciclo neoliberal iniciado con Temer. 

Bolsonaro ganó las elecciones de 2018 prometiendo mantener el techo, y en líneas generales toda la economía de Temer. Es decir, una renuncia a un rol activo del Estado en la reactivación de una economía que venía de una recesión de aproximadamente 8 puntos acumulados entre 2015 y 2016, con la pérdida de 3,5 millones de puestos de trabajo registrados y un desempleo que alcanzó las dos cifras. Cuando finalizaba el primer año de Bolsonaro en el poder, allá por diciembre de 2019, reinaba el optimismo entre el empresariado brasileño, con un gobierno que ajustaba el gasto, el Ibovespa batiendo récords y acumulando una suba de 31,58% en el año, y un crecimiento, aunque pequeño, del 1,1%, que había sido impulsado “en exclusiva” por el sector privado. 

No obstante, desde el propio gobierno ya reconocían que el crecimiento de 2019 había contado en el tramo final del año con la liberación excepcional de parte del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para estimular el consumo. El FGTS se forma con el aporte patronal sobre el salario del trabajador. El dinero se deposita en una cuenta de éste y forma un fondo al que el trabajador puede acceder en caso de despido o enfermedad. La liberación excepcional del FGTS fue un recurso varias veces utilizado por Bolsonaro durante su gobierno. Se trata ni más ni menos que de una forma de tercerizar la política fiscal expansiva por medio de los trabajadores y sus derechos.

Mientras tanto, y de acuerdo al diagnóstico del propio gobierno, según el cual el progresivo aumento año tras año de los gastos obligatorios como los previsionales, salarios, asistencia social, entre otros, mantener el techo de gastos “obligaba” a que los recortes recayeran sobre los gastos no-obligatorios o discrecionales, como inversión pública, programas y proyectos de gobierno y gastos para el funcionamiento de los ministerios. La reducción inicial del número de ministerios tuvo ese objetivo, además de ser un gran gesto contra “la política”.  

Con la pandemia el techo de gastos quedó de lado gracias a la aprobación por el Congreso del estado de calamidad pública y la consecuente flexibilización presupuestaria. Eso le permitió al Estado brasileño, por ejemplo, implementar el Auxilio de Emergencia, que consistió en en pagos mensuales de entre R$300 y R$600 (el gobierno inicialmente quería una ayuda de hasta R$200, pero el Congreso le torció el brazo) y que llegó a tener hasta 67,9 millones de beneficiarios (casi ⅓ de la población), con un impacto positivo en la popularidad de Bolsonaro, cuya aprobación llegó a estar por primera y única vez arriba de los 40 puntos. Además del Auxilio se pueden considerar otros factores en el alta de la aprobación, como la menor exposición del propio Bolsonaro. Al margen de eso, lo importante es que desde entonces el presidente intentó aproximarse a los sectores más pobres y al Nordeste, región que concentra la mayor cantidad de pobreza y donde el Partido de los Trabajadores y Lula tienen su fortaleza electoral. Bolsonaro, que hasta entonces había viajado más a Estados Unidos a visitar a Trump que al Nordeste, pasó a visitar la región con frecuencia y a darle más espacio en sus políticas. El cambio de actitud de Bolsonaro hacia el Nordeste fue notable. Antes, el presidente había llegado a utilizar términos que son despectivos y discriminatorios con los nordestinos para referirse a los gobernadores de aquella región (“paraíbas” y “cabezudos”) y perjudicado a la región en la distribución de nuevos beneficiarios del Bolsa Familia.  

El Auxilio de Emergencia fue replicado en 2021, ya con un número de beneficiarios mucho menor. En el tramo final del año, la ayuda social fue cubierta con el regreso del Bolsa Familia. Pero para 2022, el año electoral, Bolsonaro estaba decidido a intentar borrar uno de los principales legados de Lula, por lo que finalizó el Bolsa Familia y creó el Auxilio Brasil. No solo fue la tentativa de poner una marca propia, sino que también amplió el número de beneficiarios de 14,7 millones a 20,2 millones, y llevó el promedio de los pagos inicialmente desde R$200 a R$400 y luego a R$600 en los últimos meses antes de las elecciones, aunque sin estar prevista su continuidad en el presupuesto para 2023 enviado al congreso. El costo del Auxilio Brasil turbinado llegó a los 26.000 millones de reales, de acuerdo al diario Valor Económico.

Pero el llamado “paquete de bondades” de Bolsonaro de cara a las elecciones no termina en el Auxilio Brasil. También estuvieron la ampliación del vale-gas, auxilio a camioneros y taxistas, importantes cortes de impuestos federales a la gasolina, gas, diésel y otros combustibles, estos últimos por un valor de más de 30.000 millones y con fuerte incidencia en la deflación de agosto y septiembre que rindió titulares de gran impacto (octubre ya con inflación de 0,12%). Además, también en el marco de las elecciones, créditos para pequeñas y medianas empresas por un total de 87 mil millones de reales, renegociación de deudas y más retiros del FGTS por un total de 30 mil millones. Todo desde agosto a esta parte.

A partir de la situación provocada por la guerra en Ucrania, el gobierno de Bolsonaro logró la aprobación en el congreso del estado de emergencia. Ello habilitó el aumento del gasto público sin importar el techo de gastos. La jugada también benefició a los gobernadores, sobre todo en lo referente al impacto de los precios de los combustibles, en tanto congresistas de la oposición se vieron en la incómoda situación de pagar el costo de no respaldar un proyecto que ya tenía asociado la efectivización de las bondades, entre ellas el aumento del Auxilio Brasil a R$600. Así, Bolsonaro obtuvo una de sus mayores victorias en el congreso y la posibilidad de tener una sobrevida de cara a las elecciones. 

Pero la continuidad de estas medidas para 2023 abre un enorme interrogante para las cuentas públicas de Brasil. En la práctica, el techo de gastos ya fue eliminado por Bolsonaro, no solo en 2022, sino también para el año próximo. Romper con esta medida de restricción fiscal tendría consecuencias mucho más grandes para un gobierno del PT. Con Bolsonaro en el poder, los cuestionamientos se hacen oír, pero no con tanta potencia como sucedería si fuese con Lula. 

He aquí una de las grandes cuestiones para 2023. Independientemente de quién gane, el techo de gastos estará sobre la mesa. Si es Lula, el desafío será todavía más grande. Como dicen André Singer y Fernando Rugitskyen el Le Monde Diplomatique de septiembre, mantener el techo de gastos significaría imponer políticas de austeridad a una población ya desamparada, allanando el camino para el regreso de Bolsonaro. Lula debería terminar con el techo en los primeros meses de gobierno. Para ello, es necesaria una mayoría especial de ⅔, con votación doble en cada cámara, ya que el techo fue instituido mediante una Enmienda Constitucional en 2016. La negociación con el Congreso que salió de las elecciones pasadas es toda otra cuestión que merece un texto aparte.  

El modelo de fuerte restricción del gasto público iniciado en 2016 ha sido incapaz de reactivar la economía brasileña y recuperar los niveles perdidos con la crisis de 2015-2016. La excepción, es decir el crecimiento, se ha dado de la mano del incremento del gasto público, con la tercerización del mismo mediante los retiros excepcionales del FGTS y con la quita de impuestos a los combustibles. Como ya varios advierten, se trata de medidas muy difíciles de sostener en el corto plazo, además de que el paquete de bondades electorales trasladó parte del impacto fiscal para 2023. 

Cabe preguntarse qué habría pasado electoralmente si este paquete de bondades hubiese entrado en vigor meses antes, teniendo un efecto acumulado en la economía y ayudando a revertir la percepción relevada por investigaciones de opinión pública según la cual “Bolsonaro gobierna para los más ricos”. ¿Podría haber tenido más raigambre entre el electorado más pobre? En todo caso, ¿por qué no lo hizo antes entonces? Es posible que Bolsonaro haya jugado estas cartas con un timing perfecto: antes, el paquete de bondades era fiscalmente insostenible. Queda la bomba para 2023. 

Bolsonaro no solo no pudo en estos cuatro años de gobierno romper con la fidelidad de los brasileños más pobres hacia Lula da Silva, sino que perdió terreno en relación a su propio desempeño en 2018 entre los más humildes y los de menor nivel educativo. Al mismo tiempo, perdió votos en las grandes ciudades del sudeste, como San Pablo, donde en la primera vuelta de 2018 quedó primero con el 44% de los votos, y en 2022, con el 38%, segundo detrás de Lula.

Del otro lado, la base del lulismo, como lo llamó André Singer en un clásico libro en el que describe el reacomodamiento electoral del PT durante el primer gobierno de Lula, es el brasileño pobre, concentrado en el Nordeste. Ese electorado es esencialmente conservador. Singer lo describe conservador desde el punto de vista político, en tanto existe un rechazo a las huelgas del exsindicalista Lula, o de modo general a cualquier ruptura del orden. Pero ese electorado, podemos agregar, también es profundamente conservador desde el punto de vista de las costumbres.  

La disputa que le rinde a Lula no es tanto izquierda/derecha, sino arriba/abajo. Por eso, cuando Bolsonaro llevó la campaña para la “agenda de costumbres”, por ejemplo imputándole a Lula la intención de legalizar el aborto -algo posibilitado por declaraciones del año pasado del propio expresidente, que él mismo termino contradiciendo…-, fue cuando el Bolsonaro sacó ventaja en la gran disputa que es la campaña electoral. Lula por su parte, se mostró como el que sabe “cuidar do povo”, y a eso le agregó otra disyuntiva. Democracia versus autoritarismo. 

Que la elección se defina en una apretada segunda vuelta es una mala noticia en tanto es el mejor escenario para el cuestionamiento de la transparencia de la elección por parte de un Bolsonaro derrotado. El bolsonarismo no solo ha activado la violencia política como respuesta desesperada ante una posible derrota, sino también como un método para sembrar el miedo y en definitiva amedrentar a los votantes para que no se manifiesten ni vayan a votar. Ayer sábado por la tarde se conoció la existencia de operativos de la Policía Rodoviaria Federal (la caminera) para interferir en el transporte gratuito de electores, algo que perjudica a Lula, por el perfil de los votantes que usan el transporte público. Por la noche, el Tribunal Superior Electoral intervino para prohibir los operativos. El bolsonarismo está dispuesto a todo para no perder. 

El resultado será apretado y, como sucedió el pasado 2 de octubre y sucede elección tras elección, los votos del Nordeste serán escrutados más tarde, por lo que Bolsonaro comenzará ganando y la diferencia se irá achicando conforme avance el recuento. El suspenso no está puesto solo en el resultado. También está puesto en lo que pueda suceder inmediatamente después de conocido el mismo. Brasil va a las urnas en el momento más delicado para su democracia.