El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), contralor del Estado brasileño, pidió a la Fiscalía General evaluar una solicitud de bloqueo de los bienes del exjuez y exministro de Justicia Sérgio Moro, precandidato presidencial, a raíz de que se habría beneficiado trabajando para una empresa estadounidense en la recuperación judicial de las empresas que condenó por corrupción en la Operación Lava Jato.

La decisión es del juez del TCU Bruno Dantas, quien envió a la fiscalía documentos sobre los más de 650.000 dólares que Moro ganó en un año como consultor contratado de Alvares & Marsal, estudio jurídico con sede en Washington que lleva adelante los procesos financieros de empresas constructoras involucradas en el Lava Jato, como la exgigante Odebrecht, eje del escándalo.

Sería un caso de la llamada "puerta giratoria", cuando un exagente del Estado pasa a trabajar para intereses privados basado en el conocimiento e influencia que le proporcionó su anterior cargo.

Moro es precandidato presidencial por el partido derechista Podemos, que busca disputarle el electorado al sector que apoya al presidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones del 2 de octubre.

El juez Dantas dijo que la empresa de abogacía no aclaró si le pagó a Moro por servicios prestados para empresas que habían sido juzgadas en la Operación Lava Jato.

Moro fue declarado parcial por el Supremo Tribunal Federal en 2021 por corromperse de sus funciones de magistrado y actuar políticamente para condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva, a quien envió a prisión y dejó fuera de los comicios de 2018, en los que ganó Bolsonaro.

Antes de que Bolsonaro asumiera, Moro dejó la magistratura y se sumó al Gobierno del ultraderechista como ministro de Justicia, cargo que dejó en mayo de 2020 tras romper con el presidente y dedicarse a la actividad privada abriendo una empresa en Brasil que le facturó a Alvares & Marsal.

El juez controlador Dantas específico que 40 millones de reales, unos 8 millones de dólares, fueron recibidos por Alvares & Marsal de las empresas condenadas en el Lava Jato, entre ellas Odebrecht, Galvao Engenharia y OAS.

Moro dejó el trabajo en el estudio de abogados para dedicarse a su candidatura presidencial: la última encuesta del Instituto MDA le otorga menos del 5% de intención de voto.

"Envío copia al fiscal general para que examine el caso y, si entiende que debe hacerlo, determinar medidas para investigar, así como el eventual bloqueo de bienes", dijo el juez Dantas en su decisión.

Agencia Télam