El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al brote del nuevo coronavirus, el cual hasta entonces se había cobrado la vida de 4.200 personas en todo el mundo. Casi un año después, los muertos suman más de 2.300.000, se han detectado nuevas cepas con mayor capacidad de contagio -y en algunos casos de letalidad- en Gran Bretaña, Sudáfrica, Brasil. La segunda ola vivida en varios países obligó a nuevos confinamientos, esta vez menos aceptados por una parte considerable de la población. Incluso habiendo tenido la experiencia de la primera ola, países como Francia, Italia y Brasil vieron sus sistemas de salud al borde del colapso en la segunda. Portugal, luego de un manejo exitoso de la situación epidemiológica durante todo el 2020, vio como las muertes llegaban a las 250 por día, en un territorio con 10 millones de habitantes a comienzos de este año. Con el comienzo de la aplicación de las vacunas pareciera que tenemos el control de la pandemia al alcance de la mano. Pero la alta difusión del virus ha dado lugar a mutaciones, las cuales, según comienza a verse, podrían volver ineficaces a algunas de ellas. Es el caso de la variante sudafricana, país que ha declarado que prescindirá de la vacuna desarrollada por Oxford/AstraZeneca (de la que el país ya había adquirido miles de dosis) ya que no sería para la nueva cepa. El cálculo que puede poner en jaque al control de la pandemia es: a mayor número de contagios, más posibilidades de mutaciones. A más mutaciones, más posibilidades de que las vacunas sean ineficaces.

En diferentes momentos de la pandemia, los dedos acusadores se dirigieron a los gobernantes negacionistas como Donald Trump, Jair Bolsonaro, incluso en un primer momento Boris Jhonson, entre otros. También, se señalaron los temores de que gobiernos con tendencias autoritarias aprovecharan el contexto para avanzar sobre la libertad, los derechos civiles y la democracia. El dedo acusador apuntó con frecuencia a mandatarios que no consiguen las vacunas para sus países o lo hacen fuera de los tiempos prometidos, en muchos casos aprovechando las circunstancias para hacer oposición. También han abundado los cuestionamientos de diferente tipo a las vacunas desarrolladas por Rusia y China, aunque centralmente el fondo de la cuestión es que se trata de regímenes no democráticos. En cuanto a los países del hemisferio norte la crítica ha sido por acumular pedidos de vacunas incluso superiores al número de sus habitantes. En verdad ello tiene una explicación, y es que los contratos no garantizan cuándo se accederá a la vacuna, por ello se especula que mientras más contratos, más posibilidades de obtener las dosis antes.

Sin embargo, un actor central que ha quedado marginado del debate sobre la gestión de las pandemias son los laboratorios. Recién por estos días comienza a tomar un poco más de fuerza el debate en torno a la liberación de las patentes de las vacunas. La anulación, al menos temporal, de los derechos de propiedad intelectual permitiría la transferencia de tecnología y la producción de las vacunas en varios países, acelerando significativamente el ritmo de la inmunización de los 7.800 millones de habitantes del mundo. Desde luego, esto se traduce en menos muertes. Muertes que se podrían evitar con la liberación de las patentes. El principal desafío que hoy enfrenta la lucha por controlar la pandemia es el de la producción y distribución de vacunas, ya que al ritmo actual podría prolongarse hasta 2024, según diferentes estimaciones.

Sólo con liberar las patentes no alcanza, debe haber transferencia de tecnología y conocimientos, lo cual solo es posible con una intensa cooperación entre farmacéuticas y laboratorios de todo el mundo.

En octubre pasado India y Sudáfrica presentaron un pedido a la Organización Mundial de la Salud para que las patentes sean suspendidas temporalmente, tanto de las vacunas como de tratamientos y otros bienes vinculados a la COVID. El pedido fue acompañado por la gran cantidad de países, pero contó con la oposición de Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Australia, Suiza, Noruega y Brasil. Ahora, los mismos países impulsan el pedido ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), con el mismo resultado de bloqueo por parte de los mismos países. Sin embargo, el debate ha cobrado un nuevo impulso en la opinión pública. Además de India y Sudáfrica, organizaciones no gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras y Medicines Law and Policy, están bregando en favor de la liberación de las patentes.

La liberación de las patentes de las vacunas es una parte del problema. Como señala Ethan Guillen, especialista en salud global, en un artículo publicado en la revista estadounidense Foreign Policy, la cooperación estrecha en materia de investigación y producción también es necesaria. Sólo con liberar las patentes no alcanza, debe haber transferencia de tecnología y conocimientos, lo cual solo es posible con una intensa cooperación entre farmacéuticas y laboratorios de todo el mundo. Por ello, el dispositivo C-TAP de la Organización Mundial de la Salud es un complemento vital a la liberación de las patentes, de acuerdo a Guillen.

¿Cuál es el argumento esgrimido para oponerse a la liberalización de las patentes? El principal ha sido que al liberar las patentes los laboratorios se verían privados del lucro, perjudicando así los estímulos para mantener los esfuerzos en la producción actual y sobre todo las futuras innovaciones. Sin lucro, o una merma del mismo, no habría incentivo para la innovación como la que hizo posible el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 en tiempo récord. El segundo argumento, hasta ahora esgrimido de manera menos frecuente, es que las patentes no están siendo un obstáculo para la producción y distribución de las vacunas, y consecuentemente la liberación de las mismas no solucionaría el problema, sino que por el contrario, sería un contratiempo en un momento en que hay que mantener la producción acelerada.

Mientras que el primer argumento es cuestionable por varios motivos, incluso porque podría haber mecanismos de compensación para los laboratorios, el segundo sería más contundente en la medida en que fuese demostrado. Como no se ha dado un debate importante respecto al tema y la producción de las vacunas es un tema complejo, con fórmulas y procedimientos secretos, resulta difícil demostrarlo. Por lo pronto, coincide que los países que impugnan la liberación de las patentes con estos argumentos son los mismos en donde se encuentran radicadas las patentes de propiedad intelectual.

¿Debe la humanidad resignarse a pérdidas de vidas evitables, al no acelerar la producción de vacunas, ya que el sistema capitalista no logra adecuarse a una intervención Estatal al menos momentánea en un momento crítico como es una pandemia?

En cambio, si el foco se pone en el lucro de las compañías, surge todo un debate en torno al conflicto entre interés particular e interés general. Para ponerlo desde una perspectiva menos centrada en el interés particular del lucro, que podríamos definir como “egoísta”, el argumento apela a que se afectaría el estímulo para futuras innovaciones, siendo entonces un problema más bien sistémico. Efectivamente, el caso de las patentes de las vacunas (dejando de lado el argumento de que estas no están siendo un obstáculo para la capacidad de producción) muestra la que es un una contradicción intrínseca al sistema económico capitalista, donde el lucro (interés particular) puede resultar contradictorio con el interés general. ¿Debe la humanidad resignarse a pérdidas de vidas evitables, al no acelerar la producción de vacunas, ya que el sistema capitalista no logra adecuarse a una intervención Estatal al menos momentánea en un momento crítico como es una pandemia? No se trata de un cuestionamiento de corte anticapitalista, sino más bien un cuestionamiento al capitalismo sin ningún tipo de control de la instancia que representa al interés general: el Estado. Los mecanismos para suspender las patentes y promover la cooperación en la producción de vacunas pasan, desde luego, por los Estados y los organismos multilaterales internacionales constituidos por estos. El problema también puede ser visto desde la perspectiva de las limitaciones de la democracia liberal, impuestas por el sistema capitalista, donde la representación de la ciudadanía puede verse limitada por los intereses corporativos.

La abstracción “Estado” se encuentra atravesada por múltiples intereses particulares, políticos y económicos. En consecuencia, el “Estado” no es necesariamente representante, en la práctica, del interés general. El lobby y las puertas giratorias entre sector privado y público son tal vez las formas más notorias de penetración de intereses económicos en los procesos de decisión sobre la “cosa pública”. No obstante, los líderes de cada país están sometidos también a la presión popular y la opinión pública, fundamentalmente en los sistemas democráticos. Un país como Estados Unidos, que se ha dispuesto nuevamente a hacer de los Derechos Humanos un eje principal de su política exterior ¿de qué manera podría sostener ese discurso si por otro lado se opone a la liberación de las patentes y el acceso más rápido a las vacunas, algo que constituye la diferencia entre miles de muertes más o su protección?

Si los líderes mundiales no van a permitir la suspensión de las patentes, entonces deberán buscar argumentos mejores para sostener su posición, so pena de verse deslegitimados frente a sus representados, tanto ellos como la democracia.

En algún momento los líderes mundiales deberán prestar cuentas a la sociedad global respecto a las patentes y la producción de las vacunas. El argumento más esgrimido para no suspender las patentes se fundamenta en el lucro de las compañías privadas, lo cual constituye un argumento limitado y éticamente cuestionable. Si los líderes mundiales no van a permitir la suspensión de las patentes, entonces deberán buscar argumentos mejores para sostener su posición, so pena de verse deslegitimados frente a sus representados, tanto ellos como la democracia.

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