No son las crisis las que moldean al mundo, sino las respuestas que las sociedades encuentran para superar las mismas y evitar su repetición. La crisis producto de la pandemia de Covid-19 tiene varias facetas, incluyendo la estrictamente sanitaria, pero es en materia económica y de capacidades estatales donde comienza a vislumbrarse un posible cambio dentro del paradigma actual. El anuncio de esta semana por parte del Gobierno de Estados Unidos del incremento de impuestos para los ricos y las grandes empresas como forma de financiar el segundo paquete de estímulo económico señala un cambio de orientación importante en materia impositiva en el país del norte. La propuesta tiene más trascendencia aún por el hecho de que el gobierno de Joseph Biden anunció que llevará una propuesta al G20 y la OCDE para la creación de un impuesto mínimo global a las multinacionales y ya obtuvo el respaldo del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la medida apunta a  “poner fin a 30 años de carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativos”. El impuesto global es muy importante para que la suba de impuestos sea sustentable, al evitar la migración de inversiones en busca de condiciones más favorables.

Biden lanzó a inicios de marzo su primer paquete de estímulo por un total de 1,9 billones de dólares y que consiste en cheques directos de entre 1.400 y 2.800 dólares, dependiendo la situación de cada familia, para quienes estén por debajo de los 80.000 dólares anuales de ingresos, es decir, la inmensa mayoría de los estadounidenses. También hubo una ampliación del seguro de desempleo, ayudas para inquilinos y empresas así como para estados y municipios. Este primer paquete de estímulo fue financiado mayormente con emisión de deuda. El segundo paquete de estímulo consiste en obras de infraestructura por más de 2 billones de dólares a ser realizadas en los próximos diez años. Para este segundo paquete, la administración Biden ha decidido realizar la reforma tributaria mencionada de modo de financiar el gasto. Si bien todavía es muy temprano para realizar balances sobre qué significa exactamente la nueva política económica, en términos de si estamos frente a un nuevo paradigma económico o no, lo cierto es que para algunos se trata sin dudas de un cambio de concepción. Para el economista Greg Ip, las “Bidenomics” buscan establecer un nuevo consenso económico, y sus ideólogos han decretado el fin del neoliberalismo. Según escribió Ip en el diario Wall Street Journal, el cambio en la política económica se debe a la mayor gravitación de la izquierda dentro del Partido Demócrata.

Lo cierto es que la era neoliberal fue iniciada en los ochenta con la llegada Ronald Reagan en Estados Unidos y Margath Tatcher en Reino Unido. Desde entonces, y con el antecedente inmediato de la Crisis del Petróleo, el paradigma de la sociedad industrial y el Estado de Bienestar retrocedió para dar lugar al neoliberalismo y la hegemonía del capital financiero, con pérdida de ingresos para los sectores medios, mayor concentración de riqueza y consecuentemente un crecimiento de la desigualdad. En principio, no parece que se pueda aseverar que la iniciativa de Biden represente un cambio sustancial -como dice Ip-, sino más bien cambios significativos dentro del mismo paradigma de acumulación con hegemonía del capital financiero.

La carrera de los países por generar condiciones más favorables para los grandes inversores atraviesa no solo la cuestión impositiva. Si bien desde la administración Biden solo se han ocupado de ese aspecto, desde los ochenta existe también una carrera por la desregulación de los mercados financieros, que apenas fue revertida luego de la crisis financiera de 2008. El mercado laboral también se encuentra sujeto a esta carrera entre los países por generar condiciones más rentables para las compañías trasnacionales y que redundan en campañas para retirar derechos de los trabajadores con el objetivo de “atraer las inversiones”. Sin embargo, la propuesta estadounidense se focaliza en lo impositivo y tiene como principal argumento que los países puedan incrementar la recaudación fiscal a los fines de hacer frente a la crisis producto de la pandemia. Por estos y otros motivos, de momento no alcanza para anunciar que se trate de un cambio sustancial. En todo caso, el tiempo dirá si esta iniciativa termina siendo el puntapié para una serie de cambios profundos.

Los objetivos grandilocuentes y de búsqueda del bien global son improbables si no benefician a la principal potencia. La novedad es que Estados Unidos inicia un liderazgo en sentido inverso a lo realizado hasta ahora en materia impositiva.

Por otro lado, es necesario observar que la propuesta norteamericana no se sustenta -al menos no únicamente- en la búsqueda de un bienestar global y en la recuperación financiera del resto de los países del globo, a pesar de que expresamente se manifestó la necesidad de que los países mejoren su capacidad fiscal para hacer frente a la actual crisis. Resulta que, habiendo iniciado el camino de la suba de impuestos a las empresas en primer lugar en su territorio, Estados Unidos necesita que la propuesta sea replicada internacionalmente para no perder competitividad. En segundo lugar, la recuperación de los demás países colabora con la propia recuperación. Los objetivos grandilocuentes y de búsqueda del bien global son improbables si no benefician a la principal potencia. La novedad es que Estados Unidos inicia un liderazgo en sentido inverso a lo realizado hasta ahora en materia impositiva. Otro cambio notable es que el rol de los organismos y las instancias multilaterales como la OCDE y el G20 cobran vitalidad con el cambio de gobierno y la superación de la política de Trump, que privilegiaba la fuerza de negociación en instancias bilaterales.

Los cambios actuales se relacionan estrechamente con la pandemia y con lo vivido en las últimas décadas. Además, la crisis financiera internacional de 2008 marca un punto de crisis prolongada y de debate internacional en materia económica que aún no está saldado. Así como luego de la Segunda Guerra Mundial se erigió un orden mundial a partir de las instituciones creadas en el Acuerdo de Bretton Woods y otras posteriores, que diera origen a los organismos orientados al mantenimiento de la paz (Naciones Unidas y sus departamentos) como a la gobernanza pero también el mantenimiento de la hegemonía política y económica (ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización de Estados Americanos, etc), los nuevos consensos logrados luego de la pandemia de Covid-19 pueden (o no) establecer las bases de un nuevo orden para el siglo XXI.

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