Los incendios forestales de gran envergadura son cada vez más frecuentes en todo el mundo como consecuencia de las sequías y las modificaciones en las distribución de las lluvias, las cuales son a su vez producto del cambio climático. Así, se han observado en los últimos años incendios de enorme magnitud en Estados Unidos, Australia, Brasil y también en provincias argentinas, entre otros tantos ejemplos. ¿Por qué, entonces, a menudo se responsabiliza al Gobierno brasileño encabezado por Jair Bolsonaro de los incendios en el Amazonas, siendo que no es una problemática exclusiva de ese país? 

A pesar de que ésta problemática se manifiesta en distintas regiones del planeta, el actual Gobierno de Brasil reúne dos elementos que lo hacen responsable por la depredación del medio ambiente.

En primer lugar, es sabido que Jair Bolsonaro tiene un discurso antiambientalista. Considera a este como una causa exclusiva de la izquierda y que tendría la finalidad de impedir el desarrollo económico capitalista. Si bien Bolsonaro nunca manifestó públicamente y de manera directa teorías negacionistas del cambio climático, sí lo han hecho miembros de su círculo más cercano, desde sus propios hijos hasta el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo. Para este último, el calentamiento global como consecuencia del accionar humano no existe y se trata de “un complot marxista”. Otro de los argumentos del Gobierno brasileño contra el ambientalismo es la defensa de la soberanía nacional. Ello quedó en primer plano con la crisis de los incendios en el Amazonas en 2019 y la acusación de neocolonialismo al presidente francés, Emmanuel Macron. 

Durante la campaña electoral de 2018, Bolsonaro se refirió en reiteradas oportunidades a las fiscalizaciones ambientales que, según él, perjudican al agronegocio. De hecho ganó las elecciones prometiendo eliminar el Ministerio de Medio Ambiente, aunque fue persuadido de no hacerlo, ya que ello perjudicaría a los sectores exportadores del agro al dañar la reputación internacional del país. Bolsonaro también ha criticado lo que él llama “industria de las multas” por crímenes ambientales. 

En segundo lugar, y menos conocido que el discuso antiambientalista de Bolsonaro, es el hecho de que desde la llegada de este al poder se ha profundizado la tendencia de vaciamiento de los órganos y las tareas de control ambiental. Brasil posee dos organismos claves en el control ambiental, uno es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), que realiza un monitoramento satelital de la deforestación y los incendios. El otro es el el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Nacionales Renovables (IBAMA) que utiliza las alertas del INPE sobre deforestación o incendios, a fin de realizar las fiscalizaciones y operaciones contra los delitos ambientales, ya que, dependiente del Ministeiro de Medio Ambiente, posee poder de policía ambiental. 

El INPE fue cuestionado desde el comienzo del gobierno. El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, responsabilizó a ese organismo de no ofrecer información precisa, dificultando la tarea de fiscalización y llegó a proponer la privatización del monitoreamiento satelital. En agosto del año pasado, al publicar las abultadas cifras de deforestación, el director del organismo, Ricardo Galvão, fue exonerado y acusado de ofrecer datos “poco transparentes” con la finalidad de perjudicar al país en acuerdos comerciales internacionales, en referencia al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. 

Para entonces, las alertas por deforestación e incendios emitidos por el INPE se habían incrementado significativamente, al tiempo que se había reducido la cantidad de multas aplicadas por el IBAMA.Un artículo del periodista André Shalders, para la BBC en Brasil,de agosto de 2019, detallaba que hasta entonces las multas se habían reducido en un 29,4% en relación al mismo período de 2018, en tanto los incendios se habían incrementado un 84%. Es decir, más alertas de parte del INPE y más deforestación e incendios, pero menos fiscalizaciones de parte del IBAMA. En agosto del año pasado, mientras sucedían los incendios en el Amazonas, fiscales del IBAMA, quienes por presiones del Gobierno pasaron a dar declaraciones a la prensa tan solo de manera anónima, emitieron una carta abierta a las autoridades del organismo y a la sociedad brasileña en la que denunciaban que:“el discurso propagado [por el Gobierno] y las medidas concretas adoptadas contra la actuación del IBAMA apuntan para el colapso de la gestión ambiental federal y estimulan el cometimiento de crímenes ambientales dentro y fuera de la Amazonia”. 

Para 2020, El Agrario pudo constatar, mediante consulta alPortal de la Transparenciadel Gobierno brasileño, que la ejecución presupuestaria del IBAMA para la realización de fiscalizaciones fue de tan solo el 18,7% (14 millones de reales ejecutados, sobre un presupuesto anual de 76 millones), con el agravante de que los períodos de deforestación y quema ya están finalizando. 

En contrapartida al vacimiento del IBAMA, el militarizado Gobierno brasileño ha comprometido a las Fuerzas Armadas en la protección de la floresta amazónica. En agosto de 2019 y en marzo de este año, Bolsonaro firmó dos misiones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), permitiendo la intervención de los militares en las tareas de preservación de la selva. Esas GLO se inscriben dentro de la llamada Operación Verde Brasil, liderada por el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y con Agricultura. 

Pero a pesar de la intervención militar, en 2020 los niveles de deforestación son los más altos desde 2008, alcanzando los 10.900 km² en la llamada Amazonia Legal, que comprende a 9 estados brasileños en los que se encuentran los biomas de Amazonia, el Cerrado y Pantanal, principales focos de la deforestación y las quemas.

En cuanto a los incendios, el INPE ha detectado desde el 1° de enero hasta el 27 de agosto un totalde 82.214 focos de incendio, un 1% más que a igual período de 2019. Este año el más perjudicado por los incendios ha sido el Pantanal, un bioma situado al oeste de Brasil, mucho más pequeño que el Amazonas pero con una importancia enorme para la biodiversidad y la mayor planicie inundable del mundo. El vicepresidente Hamilton Mourão reconoció ante la prensa que la Operación Verde Brasil fue implementada de manera tardía y como consecuencia de ello las tareas de prevención de la deforestación no fueron efectivas. Así, a pesar de que la Operación ha contado con diez veces más presupuesto del que dispone el IBAMA, según detalla unartículo de Hyury Potteren el portal The Intercept Brasil, los militares hasta el momento han fracasado en su misión ambiental. El gobierno parece apostar a mantener la presencia militar, y aunque el proyecto de ley presupuestaria para 2021 aún no fue enviado al Congreso, ha trascendido que habrá reducción presupuestaria tanto para el INPE como para el IBAMA. 

Por otro lado, desde marzo de 2019 el Ministerio de Medio Ambiente ha desplegado una estrategia de restricción del contacto de los fiscales del IBAMA con la prensa. Primero, la comunicación fue centralizada en el ministerio, vaciando las oficinas de prensa del IBAMA en todo el país en detrimento de la autonomía del organismo. Después, en mayo de este año, una resolución estableció que los empleados del IBAMA solo pueden hablar con la prensa con previa autorización de las autoridades del organismo. Pero sobre todo: en varias oportunidades, fiscales del IBAMA han denunciado persecución sistemática por parte del Gobierno. En junio del año pasado, empleados del IBAMA acusaron formalmente al ministro de Medio Ambiente de persecución y acoso ante el Ministerio Público Federal, y desde el inicio del gobierno de Bolsonaro ha habido despidos de empleados y funcionarios del organismo. Se destaca la salida de los jefes de fiscalización Roberto Cabral, a inicios de 2019, y en abril de este año, luego de una mega operación para retirar ocupantes ilegales en tierras indíngenas,fueron exonerados Olivaldi Azevedo, Hugo Ferreira Loss y Rene Luis Oliveira, quienes ocupaban puestos claves en la fiscalización ambiental del organismo. También José Morelli, el fiscal del IBAMA que multó a Jair Bolsonaro en 2012 por pescar en una zona protegida en Río de Janeiro. Morelli fue exonerado en marzo de 2019, a poco de asumir Bolsonaro, después de 17 años en el organismo. 

La visión del gobierno brasileño sobre el Amazonas quedó retratada en el fragmento del documental El Foro, sobre el Foro de Davos, que se viralizó recientemente en redes sociales en Brasil. Allí, se ve a Jair Bolsonaro conversando durante la edición 2019 de Davos con el exvicepresidente norteamericano Al Gore. Este le dice al brasileño que está muy preocupado por la situación ambiental del Amazonas, y para su sorpresa recibe como respuesta: “Tenemos muchas riquezas. Nos gustaría mucho explorarlas junto con los Estados Unidos”. 

Por el discurso antiambientalista y la embestida contra los órganos de fiscalización, vía el vaciamiento y la persecución, la situación en Brasil es sustancialmente diferente a la de otros países en los que también se observan incendios forestales de gran envergadura. 

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