La campaña brasileña de cara al 3 de octubre ya está al 100% con el inicio de la publicidad en radio y televisión. “Desempleo”, “hambre”, “inflación” son las tres primeras palabras de uno de los primeros spots de la campaña de Lula da Silva. La economía aparece como el gran eje de temas para definir la elección, y en esa materia Lula da Silva -con quien durante su gobierno Brasil disfrutó del crecimiento a tasas chinas- tiene ventajas frente al actual presidente, Jair Bolsonaro. 

Pero Jair Bolsonaro no se ha quedado de brazos cruzados viendo cómo Lula más que lo duplicaba en intención de voto hasta inicios de este año. Aunque tarde, Bolsonaro dio un golpe de timón en algunos aspectos centrales de su política económica y social, enfocado en quitarle votos a Lula entre la población de menores ingresos. 

Bolsonaro llegó al poder con un fuerte discurso liberal, algo sobreactuado por momentos, y del que fuera mascarón de proa el “superministro” Paulo Guedes, proveniente del sector financiero. En verdad Guedes nunca fue superministro y las contradicciones del capitán Bolsonaro entre la agenda liberal y su formación más intervencionista resultó evidente desde el comienzo. A pesar de eso, su gobierno avanzó casi exclusivamente por los raíles del libre mercado. 

Hubo dos grandes temas en los que las contradicciones del gobienro se hicieron sentir. Por un lado, la continuidad al modelo de la compañía estatal Petrobras de ajuste de precios de los combustibles, acompañando las variaciones internacionales. En segundo lugar la política social, por momentos bastardeada por Bolsonaro (en su época de diputado mucho más), pero a la que se aferró sobre este final de mandato como una posibilidad para la reelección. 

Desde las primeras semanas de su gobierno tuvo cortocircuitos con el directorio de la Petrobras y los reiterados ajustes del precio de los combustibles, siguiendo la cotización internacional y conforme a los cambios introducidos en el estatuto de la empresa por iniciativa de Michel Temer, el presidente anterior a Bolsonaro y que quedara en el poder con la destitución de Dilma Rousseff en 2016. Esos incrementos en los precios de los combustibles comenzaron a ser un problema para el presidente con el fuerte aumento de la inflación en 2021. Fue entonces cuando Bolsonaro removió al primer director de la Petrobras, con el argumento de que debía cambiar la política de precios. Pero no solo no hubo cambios con el nuevo director, sino que tampoco con el siguiente. Ni con el siguiente. 

El caso sintetiza las contradicciones en materia económica de su gobierno, poniendo al descubierto las intenciones más intervencionistas del presidente pero sin capacidad o decisión de llevarla a cabo. En el caso de la Petrobras lo que Bolsonaro debía haber hecho si quería cambiar la política de precios era promover el cambio del estatuto de la compañía. En cambio lo que hizo fue mantener una retórica de oposición a la propia estatal, generando una narrativa en la que sería la compañía la que no tendría sensibilidad social, en cambio él sí. Al mismo tiempo, de esa forma Bolsonaro dejaba incólume el lineamiento de libre mercado -e intactos los intereses por detrás- iniciado por Temer en Petrobras. 

Recién para junio de este año un cuarto cambio de director pareció surtir algún efecto. No está claro, incluso para especialistas, si la reducción de precios de los combustibles que se ha constatado desde julio a esta parte se debe a que la compañía está acompañando los valores internacionales (en caída) o por injerencia del gobierno. Sí está claro que con el nuevo director los ajustes se realizan con mucha mayor frecuencia. Esto ha resultado en que desde julio Petrobras ya redujo en cuatro ocasiones el precio del diésel y la gasolina.  

La otra política que Bolsonaro llevó adelante para reducir el costo de los combustibles fue la reducción de un impuesto similar al IVA pero establecido por cada uno de los estados, el ICMS (Impuesto a la Comercialización de Mercancías y Servicios). La reducción del impuesto afectó a la recaudación de los estados, pero estos serán compensados con otros mecanismos. El dato del caso es que Bolsonaro chocó con los gobernadores desde 2021 por este tema, culpándolos por el aumento del precio de los combustibles como si el aumento (que sucedía internacionalmente) fuera causado por el ICMS, cuando en realidad la alícuota del impuesto no había cambiado. Finalmente, para junio de este año y a meses de las elecciones, hubo acuerdo para impulsar un tope al ICMS desde el Congreso Nacional, medida que en definitiva también benefició a los oficialismos de cada estado y impulsó la deflación registrada en julio. Como frutilla del postre, Bolsonaro vetó la parte de la ley aprobada por el Congreso que instalaba un mecanismo de compensación para las arcas de los estados, pero a su vez ese veto fue luego revertido por el Congreso, manteniendo el sistema de compensación ante la pérdida de recaudación del ICMS. 

Nuevamente, en el caso del ICMS sobre los combustibles lo que queda en evidencia es el hecho de que Bolsonaro en reiteradas ocasiones pone al intento de construir una narrativa, en la que los demás tienen la culpa (los directores de la Petrobras, los gobernadores, etc), por encima de la búsqueda de políticas/soluciones, que finalmente no llegan o llegan tarde. 

La política social es el otro gran tema en donde se observa lo mismo. El plato fuerte de Bolsonaro en esta materia ha sido el Auxilio Brasil. Se trata del sustituto del Bolsa Familia, programa modelo en la región y el mundo, implementado por el primer gobierno de Lula da Silva en el marco de Hambre Cero. Lo que el actual presidente hizo fue cambiarle el nombre, en un intento deliberado de poner su propia marca de gobierno, además aumentó el valor pagado a los beneficiarios e incrementó su alcance. 

Nuevamente, el curso de Bolsonaro fue errático en esta materia. De modo general, los primeros tiempos de su gestión fueron de congelamiento del Bolsa Familia y un crecimiento de la llamada “fila” de espera de personas queriendo acceder al beneficio social. Con la llegada de la pandemia fue el Congreso brasileño el que promovió el estado de calamidad y el pago del Auxilio de Emergencia por un valor de R$600 por algunos meses, cuando el gobierno proponía la mitad de ese valor y por menos tiempo. El Auxilio de Emergencia llegó a más de 60 millones de brasileños, hasta diciembre de 2020. A modo de comparación, el Bolsa Familia entonces no llegaba a los 15 millones de beneficiarios, por un valor cercano a los R$160 y tenía solo a un destinatario por hogar. 

Los efectos del Auxilio de Emergencia llegaron en un momento de pacificación del gobierno de Bolsonaro y de disminución de la pandemia, para la segunda mitad de 2020. El combo redundó en los mejores índices de aprobación de Bolsonaro, llegando al 40%. Ello impulsó un cambio en el discurso y las prioridades del presidente, que pasó a darle más centralidad a la política social y ensayó un aproximamiento a la región del Nordeste, donde se concentra la mayor cantidad de beneficiarios de la ayuda social y en donde domina el Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva.  Posteriormente vendría el cambio del Bolsa Familia, una vez concluido el período de emergencia por la pandemia, por el Auxilio Brasil y un valor que sería fijado inicialmente en 300 reales de promedio, para luego subir a los 400. 

Pero fue en julio de este año cuando Bolsonaro decidió jugar su principal carta en materia social. Se trata del incremento del Auxilio Brasil desde los 400 reales a los 600 acompañado de una nueva ampliación en la cantidad de beneficiarios, alcanzando los 20 millones para agosto y dejando en cero la llamada “fila” de espera para acceder al beneficio. El dato de la fila de espera en verdad es cuestionado por la red de municipios, para quienes en marzo de este año había 5 millones de personas en dicha fila, mientras que para el gobierno el número era cercano al medio millón. 

Además, Bolsonaro creó una línea de créditos especiales para los beneficiarios del Auxilio Brasil, por un monto de R$150 mensuales, a la que tendrán acceso por estos días y que serán descontados de la percepción del beneficio, pero recién en enero de 2023. La suma de un Auxilio mayor y del crédito pueden tener un efecto positivo en las economías locales, dinamizando el consumo a semanas de las elecciones. Como el efecto de este tipo de políticas suele ser acumulativo, el crédito político podría ser mucho más tangible en una hipotética segunda vuelta, programada para el 30 de octubre. 

En suma, Bolosonaro metió un golpe de timón sobre el final de su mandato y a pocos meses de las elecciones. Aunque es mejor tarde que nunca, habrá que ver si estas nuevas políticas dan fruto a tiempo para que el actual presidente logre la ansiada reelección.