La Amazonia brasileña sufrió una deforestación récord en el primer trimestre de 2020, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Fueron 3.069,57 km² deforestados en el período de enero a junio, el equivalente a 15 veces la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un incremento del 25% en comparación con el mismo período de 2019, año en que la deforestación total anual fue la mayor en 11 años.

Consultado por la prensa, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão reconoció que las fiscalizaciones contra la deforestación “comenzaron tarde” este año. En febrero se recreó el Consejo de la Amazonia con el vicepresidente al frente de dicho organismo que tiene por finalidad la preservación de la selva amazónica. Sin embargo, en su opinión, las fiscalizaciones para prevenir la deforestación deberían haber comenzado antes, en diciembre. Como titular del Consejo de la Amazonia, Mourão se ha convertido en el principal referente en los temas relacionados a la selva amazónica, incluso marginando al cuestionado ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.

El período de quemas en el Amazonas comienza en junio, y estas se realizan con posterioridad a la deforestación para “limpiar” el terreno. Por lo que, según el vicepresidente, al haber comenzado tarde las tareas de fiscalización ambiental, este año solo se observará una reducción en las quemas pero no en la deforestación. 

Además de la recreación del Consejo de la Amazonia en febrero, en el mes de mayo el gobierno brasileño decretó la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la deforestación y quema en la Amazonia. La militarización de las acciones de control, encuadrada legalmente como una operación de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) y prevista en la Constitución Federal fue recientemente extendida hasta noviembre. 

Por otro lado, Mourão se refirió a la insuficiencia de personal que padece el órgano encargado de la fiscalización ambiental, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Como no se están realizando nuevas contrataciones en función de la política de reducción del gasto público, una de las propuestas del vicepresidente fue que los trabajadores administrativos del IBAMA abandonen sus puestos “con aire acondicionado” y vayan a la selva a realizar tareas de fiscalización. El obstáculo, según el propio vicepresidente, es que esos trabajadores son concursados y no se les puede reasignar funciones. 

En abril, un mes antes de que el gobierno decrete la intervención de las FF.AA. en la Amazonia, el gobierno exoneró al entonces director del IBAMA, Olivaldi Azevedo. Su exoneración está siendo investigada por el Ministerio Público Federal ya que se sospecha que fue removido como represalia del presidente de la República por haber promovido un importante operativo contra la deforestación y ocupación ilegal de reservas indígenas. Además, desde el inicio del gobierno, 21 de los 28 superintendentes regionales del IBAMA han sido removidos de sus cargos. 

En junio, fondos de inversión internacionales enviaron una nota a 8 embajadas brasileñas en Europa, Japón y Estados Unidos, en la que exhortaron al gobierno de Jair Bolsonaro “a mostrar un claro compromiso con la eliminación de la deforestación”. Además, la política ambiental del gobierno de Bolsonaro se ha convertido en uno de los principales argumentos que esgrimen los opositores europeos al acuerdo Mercosur-UE. El jueves y viernes pasado, el vicepresidente mantuvo reuniones por videoconferencia con inversores extranjeros y nacionales, en parte con la intensión de calmar a los ánimos. Se espera que esta semana el gobierno decrete la prohibición total de quemas por cuatro meses. 

La autocrítica, al reconocer que este año las fiscalizaciones comenzaron tarde aunque insuficiente, constituye una novedad, ya que hasta ahora desde el gobierno brasileño no habían reconocido errores respecto a la política ambiental. Ante las sucesivas críticas recibidas luego de la crisis de los incendios en agosto y septiembre de 2019, la respuesta había sido mayormente la de denunciar una campaña contra la imagen de Brasil. Hace dos semanas, Tereza Cristina, ministra de Agricultura, sostuvo que el agro brasileño no precisa de la Amazonia para extender su actividad y que además no hay infraestructura para, eventualmente, transportar la producción de esa zona. Según la ministra, las críticas contra la política ambiental brasileña comenzaron inmediatamente después de anunciado el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE.