A seis meses de las elecciones presidenciales, Chile fue a las urnas para elegir a los 155 integrantes de la Asamblea Constituyente que redactará una nueva Carta Magna en el país trasandino. El resultado de las elecciones del 15 y 16 de mayo fue un sorpresivo respaldo a los candidatos independientes, en desmedro de los partidos tradicionales, sobre todo de la derecha. Así, el órgano constituyente tendrá un 31% de miembros que no pertenecen a ningún partido político, mientras que la lista de la derecha, apoyada por el presidente Sebastián Piñera, no tendrá ni siquiera un tercio de los miembros, perdiendo así la posibilidad de vetar las iniciativas de la izquierda, centro izquierda e independientes. "Piñera hundió a la derecha" fue la frase que se repitió el fin de semana pasado y que sintetizó el ánimo entre los sectores conservadores.

Además de las elecciones para la composición del cuerpo constituyente, se eligieron alcaldes de varias ciudades. Allí, la alianza entre el Partido Comunista y Frente Amplio se quedó con las alcaldías de Santiago Centro, Valparaíso y Recoleta, comunas de peso y habitualmente ocupadas por la derecha. El resultado de las elecciones comunales reafirma el buen momento de la izquierda chilena y el malestar con el gobierno de Piñera.

Los vientos (o huracán, tal vez) de cambio en Chile comenzaron en octubre 2019 con las protestas de los estudiantes por el aumento del metro en Santiago, que luego dieron lugar a protestas masivas durante varias semanas y una fuerte represión de parte del Gobierno, con un saldo de más de treinta muertos y varios heridos. Las protestas de 2019 comenzaron por el aumento del metro, pero se ampliaron a temas más generales como el elevado costo de vida, que incluye servicios completamente privatizados y a un valor elevado, además de dificultades en el acceso a la salud y educación como consecuencia del mismo sistema. Desde entonces, la popularidad del presidente Piñera se mantuvo por debajo del 15%. En 2006 ya los estudiantes habían sido protagonistas de protestas contra el sistema que lleva a los jóvenes y sus familias a endeudarse para acceder a la educación superior. Un año después de las protestas, a fines de 2020, tendría lugar el plebiscito acerca de la redacción de una nueva constitución, donde ganaría la propuesta del Sí, por 88%, y con un 87% a favor de que esta sea mediante una Asamblea Constituyente elegida para ese fin mediante voto popular, y no con un cuerpo de parlamentarios; es decir, el resultado del plebiscito ya mostraba la desconfianza hacia los partidos políticos que ahora, en mayo de 2021, se tradujo en una muy buena elección de las candidaturas independientes.

De fondo, el proceso chileno de los últimos años significa una ruptura con la herencia pinochetista. Augusto Pinochet fue dictador del país entre 1973 y 1990, implementó reformas económicas de corte neoliberal y en 1980 redactó la Constitución que rige hasta hoy en día, que, aunque con varias modificaciones en democracia, mantiene sus puntos centrales. El sostén institucional de la herencia pinochetista (herencia que se hace presente en diferentes planos, como el económico, el social, político, de inclinaciones ideológicas de parte de la sociedad y autoritarismo, entre otros) es la Constitución de 1980, que funciona como obturación de todo cambio, y esto lo hace por medio del control de constitucionalidad. Han sido numerosas las iniciativas de políticas públicas trabadas por la Constitución, incluyendo recientemente paquetes de ayuda social en el marco de la pandemia y que conllevarían un aumento del gasto público. Además, la reforma de la Constitución es vista como un cambio del conjunto del sistema político y el orden instituicional, pudiendo incluir otras demandas, como género y medio ambiente. De este modo, la actual Constitución  se convirtió en el centro de los cuestionamientos de la inmensa mayoría de la sociedad chilena. La paradoja del caso chileno es que ha sido la persistencia de una institución fuerte la que causa la inestabilidad política, cuando en general en América Latina lo habitual es que las instituciones débiles y fácilmente burladas sean -al menos en parte- el origen de la inestabilidad. Tal fue el caso de Evo Morales en Bolivia, que en 2019 compitió por un cuarto mandato a pesar de que ello estuviese prohibido por la Constitución, situación que desencadenó el golpe de Estado en su contra.

El sostén institucional de la herencia pinochetista es la Constitución de 1980, que funciona como obturación de todo cambio, y esto lo hace por medio del control de constitucionalidad. Por ello, la Constitución actual se convirtió en el centro de los cuestionamientos de la inmensa mayoría de la sociedad chilena.

De cara a las elecciones presidenciales el escenario para la izquierda chilena no es del todo alentador debido a la alta dispersión del voto en estas elecciones. Por gracia de esa dispersión, la derecha chilena fue la gran derrotada de estas elecciones, pero también la lista más votada (Vamos por Chile obtuvo el 21% de los votos). El desafío para la oposición se encuentra en la gran cantidad de constituyentes independientes y la escisión entre la alianza PC-Frente Amplio, de un lado, y el Partido Socialista, del otro. Lo que es un hecho es que la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet tiene los días contados