Hace dos semanas Amnistía Internacional y la organización de periodistas Forbidden Stories dieron a conocer que cientos de celulares de periodistas, políticos, ejecutivos de compañías privadas y activistas fueron vigilados de manera ilegal por medio del malware Pegasus, desarrollado por la empresa de seguridad israelí NSO Group. Este malware es instalado subrepticiamente y permite el acceso a todas las aplicaciones del celular, archivos, agenda y fotos. De acuerdo a la investigación, Pegasus fue incluso utilizado para vigilar a víctimas de homicidios y sus entornos, tales como el periodista mexicano Cecilio Pineda o el saudí Jamal Khashoggi, en 2018 en Estambul.

“El Proyecto Pegasus pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El escándalo reaviva el debate acerca de la vigilancia en la era digital. La revolución que significó en nuestras vidas la llegada de internet en los noventa y posteriormente de los teléfonos celulares inteligentes vino acompañada de los riesgos del espionaje. La denuncia de Edward Snowden en 2013, según la cual el sistema de inteligencia de Estados Unidos en el mundo digital es mucho mayor de lo informado y básicamente no tendría límites para acceder a los servidores de Google, Facebook, Apple y Microsoft, entre otras compañías, destapó uno de los mayores escándalos de espionaje de la historia. Y no obstante todo fue desmentido por el Gobierno de Estados Unidos y por las compañías involucradas, el debate acerca del alcance del espionaje y los mecanismos de control sobre el mismo quedó instalado.

El momento de expansión de la vigilancia digital global por parte de Estados Unidos fue posterior a los ataques de Al Qaeda a las Torres Gemelas, en 2001. La Guerra contra el terrorismo, como fue denominada por el propio presidente estadounidense de entonces, George W. Bush, consistió en una cruzada internacional contra un enemigo completamente diferente del tradicional. El objetivo principal ya no era un país enemigo, con un Estado y un territorio concretos. El enemigo pasaron a ser organizaciones comparativamente mucho menos poderosas, pero difíciles de enfrentar dada su naturaleza, y que además podían encontrarse dentro del propio territorio y la propia población, o entre territorios y poblaciones de países aliados. De allí que el espionaje digital de la población civil se haya convertido en una de las principales herramientas en el combate al terrorismo. Hoy con Pegasus, del que ya se tenía conocimiento desde hace unos años, queda claro que el uso de tecnologías de espionaje no está limitado a los Estados y que cada vez son más los actores con posibilidad de acceder a las mismas, tales como el narcotráfico o los propios grupos terroristas.

Si de terrorismo y Al Quaeda hablamos, vale la pena detenerse en el hecho de que según numerosos investigadores y periodistas el origen de esa organización terrorista contó con el financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos en el afán de fortalecer a los talibanes en su enfrentamiento con lo que entonces era la Unión Soviética, en el territorio de Afganistán, desde fines de los setenta hasta principios de los noventa, en plena Guerra Fría. La colaboración de Estados Unidos con los talibanes quedó retratada en Rambo III (1988), en donde el personaje interpretado por Sylvester Stallone es reclutado para ayudar a estos en su enfrentamiento con los soviéticos. Las vueltas de la historia y la política internacional hicieron que esos mismos grupos talibanes luego le asestaran a Estados Unidos el peor ataque en su historia, superando a Pearl Harbor.

La cuestión del espionaje en la era digital es tan relevante que es uno de los grandes temas en la disputa global entre Estados Unidos y China. Las acusaciones de espionaje y robo de tecnología de Estados Unidos hacia el régimen de partido único chino fueron uno de los argumentos para que Donald Trump inicie la llamada Guerra Comercial. Por otro lado, Occidente mira con desconfianza los métodos de control del Gobierno chino. El rastreo de celulares y las cámaras de reconocimiento facial han sido utilizadas en China en la contención de la pandemia de Covid-19, y en simultáneo denunciadas desde Occidente como parte de la estructura de control del régimen chino.

La disputa entre China y Estados Unidos es también una disputa que incluye a dos sistemas diferentes. Estados Unidos tiene la ventaja de la democracia liberal, al menos para esta parte del globo en donde los valores y derechos de ese régimen están bastante extendidos y gozan de legitimidad. Esto constituye para la principal potencia global una fuente de lo que Joseph Nye definió como poder blando, aquel que consiste en el poder de atracción ejercido mediante la cultura, la política, los valores y la ideología, y que se diferencia del poder duro, el vinculado a lo militar y económico. Desde ese punto de vista, China es menos atractiva para, por ejemplo, los países de América Latina. Con los defectos y limitaciones que se le pueda imputar, las sociedades de Occidente valoran la posibilidad de remover a sus gobernantes por medio del voto, si así lo desean (como define Adam Przeworski a la principal ventaja de la democracia). Los derechos y libertades que hacen a la democracia liberal también son valorados. Pero es en esto último donde la política de vigilancia, justificada inicialmente con el argumento de la guerra contra el terrorismo, afecta las bases de la ventaja de poder blando que Estados Unidos tiene sobre China. Si el nivel de vigilancia global denunciado por Snowden fuese cierto (es recomendable ver la película, Snowden, de 2016) sería una contradicción mayúscula para la principal potencia, que tiene en la democracia liberal uno de los pilares de su hegemonía global.

Pegasus no es el primero ni será el último escándalo de espionaje digital. Tampoco todos los casos de este tipo revisten la misma gravedad. La cuestión más importante pasa por las capacidades de vigilancia total que ofrece la era digital y la subsistencia de los derechos y libertades. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a resignar nuestra libertad y privacidad en función de la seguridad?¿Hasta dónde el argumento de la seguridad es legítimo y cuándo pasa a ser una justificación para el control político? El avance de la tecnología hace que sean preguntas cada vez más vigentes para las democracias.

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