Ente el martes 11 y el jueves 13 de octubre se realizaron “Fiscalizaciones Multiagenciales” en el norte de la Provincia de Corrientes. Las fiscalizaciones de organismo nacionales se realizaron en el departamento de Ituzaingó y San Miguel, sobre un total de 15 campamentos laborales de 5 empresas forestales dedicadas a la cosecha de resina de pino.

Estos operativos conjuntos surgieron de la “Mesa contra la Trata Corrientes” con la participación del Departamento de Trabajo Ilegal de la AFIP de las regionales de Posadas y Resistencia. Con el acompañamiento del gremio UATRE, con su secretario general Roberto Cafferata y fiscalizadores; con acompañamiento del Renatre, con la delegada provincial Mónica Arnaiz y fiscalizadores; con el Delegado Regional NEA del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, José María Serbín.

En las nuevas Fiscalizaciones Multiagenciales, en un establecimiento forestal ubicado en “Paraje Yacaré” de Ituzaingó -por ruta provincial N°20- se detectó situaciones de explotación laboral en un campamento donde dos trabajadores mayores de edad desarrollaban tareas en los montes de forestación.

Además de ser un lugar de difícil acceso, uno de los trabajadores rurales oriundo de Misiones no había cobrado sus haberes hacia más de un mes, no poseían agua potable, ni energía eléctrica y las condiciones de vivienda eran de extrema vulnerabilidad.

Luego de entrevistar a los trabajadores y de confeccionar las actas de relevamiento, se inició el proceso de denuncia ante la Justicia Federal por explotación laboral y el pedido de rescate del lugar de las presuntas víctimas.

Los organismos relevaron con fotos y videos las condiciones y con opiniones acorde a los indicios de explotación que dicta la OIT decidieron elevar la denuncia a la línea 145. En estas zonas de forestaciones de pino, dedicadas a la producción de resina, se encuentran gran cantidad de trabajadores procedentes en su mayoría de Misiones.

En estos operativos, los fiscalizadores de AFIP detectaron maniobras por fraude laboral, debido a la existencia de cooperativas de servicios de cosecha de resina con trabajadores declarados como socios de las mismas.

En las entrevistas efectuadas se pudo comprobar una vez más, la existencia de fraude cooperativo y fraude laboral, ante lo cual el organismo impositivo imputara las multas correspondientes a los socios solidarios de las producciones.